La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció sobre la crisis política que atraviesa el país y sobre la polémica en entorno a la presidenta Dina Boluarte por un presunto incremento patrimonial injustificado.
“Las regiones del país NO RESPALDAREMOS actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad del país”, se lee en el comunicado.
Se pidió una exhaustiva investigación en el Poder Judicial sobre los hechos imputados contra la mandataria con “las consecuencias legales que ello amerite”.
Asimismo, la ANGR advirtió que esto podría configurarse, de acuerdo a la sentencia del TC N°0006-2003-AI/TC, en un deterioro de la dignidad presidencial que hace “que no pueda ser posible que su titular se mantenga en su cargo”.
“Estas imputaciones podrían representar una causal de vacancia por incapacidad moral, por lo que instamos al Congreso a asumir su función conforme al mandato de la Constitución política”, dice el oficio.
El pronunciamiento concluye en que es necesario fortalecer las institucionales y resolver los principales problemas que afectan a población, que aún no son atendidos por los conflictos políticos que se viven.