El Ejecutivo oficializó el Decreto Legislativo Nº1736, una normativa que marca un hito en la reforma del sistema penitenciario al permitir que internos con condenas por delitos menores accedan a empleos fuera de los centros de reclusión. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, busca fortalecer la resocialización y el desarrollo de habilidades laborales en internos que se encuentren en etapas avanzadas de su tratamiento.
Sobre la ley:
El acceso a esta modalidad es de carácter voluntario y temporal. Los internos realizarán sus actividades bajo un régimen de estricta supervisión fuera de los penales. Solo podrán postular quienes tengan penas efectivas no mayores a 6 años, que hayan cumplido al menos la mitad de su condena, no posean procesos pendientes y cuenten con tres evaluaciones semestrales favorables.
La evaluación de los candidatos estará a cargo de la recientemente creada Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria (SUNIR), entidad que asume las funciones del INPE tras la reforma impulsada por la gestión del presidente interino.
El decreto incorpora sanciones por incumplimiento en el artículo 413-B al Código Penal, el cual establece penas de hasta cuatro años de prisión para aquellos internos que no retornen al establecimiento penitenciario en el horario establecido.
La aplicación de esta medida no requerirá recursos adicionales del Tesoro Público, ya que se financiará con el presupuesto institucional del sector. La implementación será escalonada en todo el país, siguiendo un cronograma del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Como primer paso, la autoridad penitenciaria tiene un plazo de 150 días hábiles para poner en marcha un plan piloto de 24 meses de duración. Durante este periodo, también se contempla la adecuación de inmuebles incautados o estatales para que funcionen como infraestructuras de apoyo a este nuevo régimen laboral.
