La Defensoría del Pueblo realizó un balance de los 100 primero días de gestión de los principales representantes de Arequipa, el gobernador Rohel Sánchez y el alcalde Víctor Hugo Rivera, y el resultado fue negativo.

El representante de la oficina defensorial, Ángel María Manrique, señaló que la región padece de autoridades con una crisis de ética moral. Por un lado, con denuncias de corrupción entorno a Sánchez y por otro, con polémicas como la contratación de strippers en el caso de Rivera.

“Nuestra invocación a todas las autoridades políticas a que actúen con los principios de probidad y transparencia, y no generar ni resquebrajar la desconfianza que tiene la población sobre las autoridades”, manifestó.

Manrique exhortó al gobernador regional a dar explicaciones sobre la presunta intromisión de personas de su círculo más cercano en la toma de decisiones en el Gobierno regional. Esto por la revelación de chats donde la esposa de Sánchez habría ordenado la contratación de ciudadanos que apoyaron en la campaña electoral.

Además, refirió que también corresponde al Ministerio Público que realice las indagaciones y que el Consejo Regional solicite información sobre la reestructura aprobada al interior de la Región.

“Lo que corresponde ahora es que justamente se pida al Gobierno regional, cuál va a ser la reestructuración en las áreas de Logística y Recursos Humanos donde se han presentado las denuncias para que esto, en caso se hubiese dado, no vuelva a ocurrir”, mencionó.

Coméntanos