El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a la consejera regional, Kimmerlee Keily Gutiérrez Canahuire, para que asuma el cargo de vicegobernadora del Gobierno Regional de Arequipa, a fin de completar el periodo 2019-2022, para lo cual remitió la credencial que la faculta como tal.

Para ello, mediante Resolución N.° 0937-2021-JNE, dejó sin efecto la credencial otorgada a Walter Edgar Gutiérrez Cueva como vicegobernador regional de Arequipa, al haberse declarado su vacancia por causa de fallecimiento, prevista en el numeral 1 del artículo 30 de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Mediante la misma decisión, convocó a Gloria Jennifer Salas Núñez, accesitaria por la provincia de Arequipa, para que asuma el cargo de consejera regional de Arequipa, a fin de completar el periodo de gobierno regional 2019-2022, y le remitió la credencial correspondiente. Ello significa, que la situación compleja del Gobierno Regional de Arequipa se ha resuelto.

Cabe precisar que el consejo regional de Arequipa, en sesión extraordinaria del 3 de diciembre último, declaró la vacancia del vicegobernador Gutiérrez Cueva y eligió, en su lugar,  a la consejera Gutiérrez Canahuires. Tales actuados fueron elevados el 6 de diciembre al JNE, donde solicitó también la convocatoria del consejero accesitario.

Sobre  Elmer Cáceres Llica y consejeros investigados

Respecto  a la situación jurídica del gobernador, Elmer Cáceres Llica y determinados consejeros regionales, el JNE solicitó nuevamente información a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante Oficio N.° 04643-2021-SG/JNE, realizado el 9 de diciembre de 2021, específicamente sobre la resolución que contiene la referida medida de prisión preventiva de 24 meses contra el gobernador regional, así como se remita información sobre la situación jurídica de los referidos consejeros.

No se ha hecho llegar aún la resolución emitida por el juzgado respectivo sobre la prisión preventiva ni el estado actual de tal pedido. El JNE indica que es imprescindible contar con información del Poder Judicial (copias certificadas de las decisiones judiciales) para actuar conforme a sus competencias.

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