El jefe de la Oficina Defensorial en Arequipa, Ángel María Manrique, cuestionó la actuación del Ejecutivo y el Gobierno regional al no implementar una estrategia clara de prevención de conflicto en Atico, que pudo evitar el fallecimiento de 14 personas.

“El Estado ha ido permitiendo que estos escenarios, en donde ni siquiera pudo llegar para hacer una fiscalización por parte de Oefa, se han ido incrementando y fortaleciendo”, señaló en entrevista con Radio Yaraví.

Manrique señaló que la Defensoría del Pueblo advirtió este conflicto activo desde noviembre del 2020, donde se identificaron antecedentes de enfrentamientos con subsecuentes muertes.

“Son pugnas permanentes donde ha habido acuerdos y desacuerdos entre una empresa privada y asociaciones de mineros informales, entonces eso ha escapado el marco de regulación del Estado”, explicó.

Ante la declaratoria de estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo presentará remitirá este lunes un documento al Ministerio de Energía y Minas para que articule una estrategia formalización de mineros informales.

Además, el representante de la oficina defensorial sostuvo que en este periodo de 60 días debe implementarse un plan integral para garantizar la seguridad en la provincia de Caravelí donde, según advierte, la autoridad perdió el control del orden público.

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