El Sindicato de Construcción Civil apelará la sentencia de 15 años de pena efectiva, en primera instancia, contra dos dirigentes hallados responsables por el delito de extorsión agravada.

“La consideramos injusta, incorrecta y premeditadora (…) Estamos pidiendo la nulidad de esa sentencia para que se declare inocentes del delito por el cual se les ha acusado”, indicó el abogado del gremio, Ruben Mayta. 

Los imputados son Genaro Jorge Tapia Quispe, quien tenía el cargo de secretario de Seguridad y Salud en el Trabajo y José Rubén Díaz Díaz, quien era secretario de defensa laboral.

Según la Fiscalía, los dirigentes habrían obligado al representante del consorcio San José Marpeco, que tenía a su cargo la construcción de un colegio en Tiabaya, a acceder a los requerimientos contenidos en el acta de compromiso del 9 de octubre de 2018.

Para el letrado, los magistrados que emitieron el fallo desconocen la función de un dirigente sindical y considera que el objetivo de esta condena es desprestigiar al sindicato.  

 “Parece que estos jueces no saben que los sindicatos se conforman para exigir el cumplimiento de los derechos laborales a favor de los trabajadores”, manifestó.

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