Alcaldes nunca presentaron formalmente pedido de estado de emergencia al gobernador

Así lo informó el secretario técnico del Coresec, quien consideró que los burgomaestres impulsan esta medida desde un punto de vista político y no técnico.
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Un grupo de alcaldes de la provincia de Arequipa viene promoviendo la necesidad de declarar el estado de emergencia por inseguridad ciudadana, pedido refrendado en un memorial que suscribieron. Sin embargo, no habrían seguido el conducto regular para que este se debata y se eleve al Gobierno nacional.

El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), José Miguel Briones, aseguró que los burgomaestre hasta el día de hoy no presentaron ningún oficio formal al gobernador Rohel Sánchez sobre esta medida de excepción.

El proceso formal es que el alcalde Víctor Hugo Rivera, en representación de sus colegas, envíe este documento a la autoridad regional, quien luego deberá remitirlo al Coresec para que se convoque a una sesión extraordinaria y se debata conjuntamente el estado de emergencia con todos los miembros del comité. En caso tenga el visto favorable, Rohel Sánchez lo elevará al Ejecutivo.

No obstante, desde el punto de vista del Coresec es que aún no cabe este tipo de medida de excepción para la provincia de Arequipa.El alcalde vela su interés de autoridad como distrito, es (una postura) más político que técnico”, manifestó Briones.

El vocero del comité aclaró que algunos dichos por los alcaldes sobre el estado de emergencia no son ciertos. Por ejemplo, levantar el derecho a la inviolabilidad de los domicilios para que la Policía realice allanamientos, explicó que esto no es inmediato en todos los casos.

Por otro lado, los burgomaestres señalaron que esta medida sería sin militarización. Briones refirió que esto no es posible, porque las Fuerzas Armadas sí tendría que salir a las calles como apoyo a la Policía o liderando el control en la localidad.

 “Se está controlando y tomando acciones frente al crimen organizado”, afirmó el secretario técnico, quien pidió darle un plazo de seis meses al equipo de la División de Investigación Criminal de la Policía para obtener los resultados.

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