El Ministerio Público dispuso que se inicien investigaciones preliminares contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Ello, por el caso 'vladiaudios'.

El sustento empleado por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, sobre este caso es que existe “información de audios que contiene comunicaciones telefónicas entre Vladimiro Montesinos, Pedro Rejas y Guillermo Sendón” sobre el “financiamiento de la campaña presidencial de Fuerza Popular”.

En el documento se incluye la transcripción de una de las grabaciones de Vladimiro Montesinos en la que este señaló que Keiko Fujimori y Fuerza Popular “han recibido un montón de plata, pero se la han tirado el c********, se la están tirando en ellos”.

La transcripción detalla también, en relación a Miguel Torres que este “ha estado pidiendo un millón, un millón a varias personas y a nadie ha estado pagando, a ninguno de los abogados”.

En otro apartado del oficio se expresa sobre distintos políticos a los que Montesinos Torres pide que se le solicite dinero para financiar las nulidades y menciona directamente a Dionisio Romero, Arturo Woodman y Rafael López.

Asimismo, el documento firmado por el fiscal Pérez Gómez detalla que ha conseguido la información de que uno de los aportantes de Fuerza Popular para la presentación de apelaciones a las solicitudes de nulidad es una persona a la que se benefició desde el anterior Congreso.

“Uno de los financistas de las apelaciones de Fuerza Popular, Ruber Awa Matsukawa, es apoderado del casino Emporium y tesorero de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar. Siendo que, en el 2018, la bancada fujimorista promovió beneficios tributarios para ese sector”, se lee en el escrito.

De igual forma, el fiscal José Domingo Pérez recalcó que, además de Keiko Fujimori, quien es acusada por el mismo delito de lavado de activos pero por campañas electorales anteriores, Fuerza Popular como organización política también forma parte de esta indagación preliminar.

“Fuerza Popular estaría, bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita, por lo que corresponde sostener -en grado de sospecha inicial simple- que la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña electoral del año 2021, lo que calificaría como el delito de lavado de activos, en las modalidades de conversión y transferencia, y ocultamiento y tenencia”, se explicó.

Por lo expuesto, la Fiscalía estableció 36 meses de plazo máximo para llevar a cabo las diligencias preliminares, “sin perjuicio de culminarse antes de este plazo”.

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