La presidenta Dina Boluarte, a través de su defensa, solicitó al Ministerio Público archivar la investigación preliminar en su contra por las muertes producidas entre diciembre del 2022 y enero del 2023 durante las protestas contra su Gobierno.

La mandataria, al igual que el premier Alberto Otárola y otros ministros y exministros, son procesados por los presuntos delitos genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

“Esta investigación nació mal, porque no debió existir. Pero la vocación de la presidenta de la República ha sido colaborar con la investigación, además avanzar no solo a una discusión jurídica, sino también de hecho y de pruebas”, argumenta Joseph Campos, abogado de la jefa de Estado.

El letrado sostiene que Boluarte no tiene responsabilidad en los hechos que se le imputa y esto-indica-se confirma en que ninguna de las personas investigadas ha declarado que ella haya dado una instrucción.

Por el contrario, refiere que en los acuerdos del Concejo de Ministros la exhortación era restablecer el orden interno y la paz.  Campos refiere que esta investigación lo único que genera es alimentar los discursos en contra de la presidenta.  

"El tema de genocidio es un exceso, que deteriora la imagen presidencial y el estado democrático en general. Por eso es fundamental que se establezca el archivamiento de esta denuncia", dijo.

Esta solicitud contradice lo dicho por Dina Boluarte en el mensaje de 28 de julio, en el que aseguró que se allanaría a las investigaciones.

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