La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) publicó el informe sobre las muertes e incidentes ocurridos durante las protestas en el Perú entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 y consideró que hay “motivos razonables” para considerar que se violaron derechos humanos.

El documento considera que las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos” de quienes participaron en las movilizaciones.

En su primera conclusión, afirma que se aplicaron restricciones al derecho de reunión pacífica mediante medidas como los estados de emergencia, el establecimiento de controles de identidad, la detención de manifestantes y el uso de la fuerza letal y menos letal para dispersar a los protestantes.

“Las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, indica el informe. También documenta el uso de armas menos letales, incompatible con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestante", informó el Alto Comisionado.

Asimismo, precisan que cientos de personas fueron detenidas bajo el pretexto del control de identidad por parte de la Policía y que denunciaron no haber tenido garantías jurídicas durante su intervención.

De otro lado, sostiene que aumentó la práctica del “terruqueo” en el discurso público y “el uso de un lenguaje que calificaba a los manifestantes como violentos, vándalos o vinculados a actividades ilegales”.

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