El contralor general, Nelson Shack, señaló que ante repartición del primer lote del millón de vacunas COVID-19 es posible que se genere un mercado negro por malos manejos durante el traslado de las dosis a cada región del territorio peruano.

En esta línea, la Contraloría General decidió desplegar 40 puntos de control en todo el país para verificar su distribución y que sea aplicado a la población objetivo.

“No quisiéramos que surjan mercados negros de la vacuna o que una persona que no haya sido priorizada en la primera fase, termine siendo vacunada. Son situaciones que ya han sucedido en otros países. Sin un adecuado protocolo, malos funcionarios públicos podrían generar mercados alternativos”, aseveró Shack Yalta durante conferencia de prensa.

Padrón de beneficiados

El Contralor informó que se ha programado una reunión con el sector Salud para conocer el detalle de la priorización de la población y contar con el padrón nominal.  Cabe precisar que en esta primera etapa estará dirigido a personal de salud, policial, militar, quienes están más expuestos a contagiarse de la enfermedad.

“Vamos a vigilar para que la vacunación se despliegue correctamente y que las vacunas que se envíen, realmente se apliquen a los beneficiarios en las etapas que correspondan”, precisó.

Por otro lado, Shack expresó que 350 auditores participarán en el Mega Operativo de Control Vacuna contra la COVID-19, con servicios de control posterior y simultáneo, que abarcará todas las etapas del proceso de inmunización.

Transparentan información de los candidatos

La Contraloría iniciará la campaña “Tú tienes el control” plataforma virtual donde se podrá obtener información sobre: declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, si tienen sanción administrativa vigente o si fue identificado con presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa de los candidatos que se hayan desempeñado como autoridades.

Los ciudadanos también podrán alertar en esta plataforma situaciones de incumplimiento o hechos irregulares sobre uso de recursos públicos para fines electorales y proselitismo político durante el período electoral.

Foto: GEC

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