A través de una resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó las medidas cautelares otorgadas en el 2021 a José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, las cuales tienen su origen en la situación de riesgo que experimenta dicho fiscal como consecuencia de su rol en la investigación de actos de corrupción.

En el documento, la CIDH señaló que, si bien valoraba la implementación de las medidas de protección a favor del fiscal Pérez y su núcleo familiar, “existen elementos para considerar que la situación de riesgo continúa vigente, siendo necesario continuar y reforzar las acciones para la debida protección del beneficiario y su familia”.

En segundo lugar, la resolución amplía las medidas cautelares a favor del fiscal superior Rafael Vela, quien actúa como coordinador del Equipo Especial de Fiscales en el caso Lava Jato. Al hacerlo la CIDH consideró múltiples hechos de riesgo que dicho fiscal ha enfrentado en los últimos meses.

Al respecto, remarcó que “frente al contexto específico del presente asunto, la CIDH reitera el rol de las personas que ejercen función pública, especialmente de alto rango, a no contribuir a la creación de un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión y, por lo contrario, adoptar pronunciamientos públicos que contrarresten estos hechos”.

Asimismo, manifestó preocupación por una posible suspensión de Vela Barba en el marco de un proceso disciplinario en el Ministerio Público y “la posibilidad de que se le retire el esquema de protección que tendría”.

Además, señaló que “dada la continuidad de los factores de riesgo en el marco del presente asunto, la Comisión considera que resulta necesaria la adopción inmediata de medidas que representen una respuesta integral frente a la naturaleza del riesgo”.

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