El Gobierno propuso crear un régimen diferenciado y de seguridad reforzada para adolescentes que hayan cometido delitos graves o estén vinculados a organizaciones criminales.
La iniciativa plantea trasladarlos a módulos especializados, con mayor vigilancia, para evitar que tengan contacto con jóvenes que cumplen medidas por infracciones menores.
El Ejecutivo también busca modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes e incorporar criterios de edad, gravedad del delito y perfil criminológico para definir su clasificación.
La propuesta contempla aplicar de forma obligatoria un Plan de Tratamiento Individual, además de fortalecer programas educativos, laborales y el acompañamiento tras la salida de los centros juveniles.
Entre enero y mayo de este año, 2 mil 640 adolescentes de 14 a 17 años fueron retenidos en flagrancia, según el Ministerio Público. Otros 41 menores de 10 a 13 años fueron intervenidos bajo medidas de protección.
