La criminalidad no da tregua en el país. El Ministerio Público informó que, entre enero y julio de este año 2026, se han registrado un total de 13,892 denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional. Los reportes procesados por el Observatorio de Criminalidad revelan un incremento sostenido de este fenómeno delictivo durante los últimos cuatro años, proyectando un cierre de año alarmante que superaría las 32,000 carpetas fiscales. Brenda Belleza, gerente del Observatorio de Criminalidad, detalló que el país se encamina a un récord histórico de incidencia delictiva.
Según la evolución cuantitativa que experimenta este delito, en el año 2022 se cerró con 11,000 denuncias; la cifra se elevó a 21,000 durante el 2023 y el 2024, y escaló drásticamente a 27,500 casos en el 2025. La tendencia actual demuestra que las redes de extorsión continúan expandiéndose con fuerza en el territorio nacional.
La mayor concentración de este delito se localiza en las circunscripciones fiscales de Lima Este y el departamento de La Libertad. De hecho, en el acumulado desde el 2022 hasta julio de 2026, la región La Libertad y su capital, Trujillo, consolidan 13,518 denuncias formales, situando a este departamento norteño como el territorio con el mayor impacto acumulado de bandas criminales dedicadas a este ilícito en todo el ámbito nacional.
En el caso de Arequipa, las denuncias por extorsión registraron una tendencia a la baja durante el primer semestre de 2026. Según datos de la Policía Nacional, durante el primer trimestre (enero – marzo) se contabilizaron 71 denuncias formales, lo que representa un descenso de aproximadamente el 40% frente a las 119 registradas en el mismo periodo del 2025.
El reporte detalla diversas formas del delito en la Ciudad Blanca, predomina el llamado «escopetazo» (llamadas aleatorias de amenaza) y los préstamos extorsivos bajo el sistema del «gota a gota«. Trabajos de inteligencia policial detectaron que gran parte de las comunicaciones extorsivas se emiten desde el interior del Penal de Socabaya. Las amenazas están dirigidas principalmente a empresarios locales y comerciantes, a diferencia de Lima, donde el sector transporte es el blanco crítico.
