El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea Cabrera, informó que el Ministerio Público supervisa el despliegue del material electoral a nivel nacional y desplegará cerca de siete mil fiscales el próximo domingo 7 de junio, con motivo de la segunda vuelta electoral.
En declaraciones a la prensa, Barrenechea señaló que el material electoral ya se encuentra asignado en un 95 % a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE’s) en provincia, y que el traslado hacia los centros poblados y locales de votación comenzó este viernes a las 2:00 a.m., bajo la supervisión de fiscales de Prevención del Delito.
“Estamos verificando a nivel nacional todo el despliegue. El día de hoy, a partir de las 2:00 a.m., ha comenzado el despliegue de los almacenes de ODPE en provincias hacia los locales de votación y centros poblados. Esos despliegues están monitoreados por los fiscales, quienes verifican que efectivamente se desplacen”, detalló.
Despliegue de fiscales para la jornada electoral
El fiscal Barrenechea anunció que el Ministerio Público movilizará el 100 % de su capacidad operativa el día de los comicios. En total, siete mil fiscales de diversas especialidades —penales, familia, crimen organizado, corrupción de funcionarios y todos los niveles jerárquicos— estarán presentes en los locales de votación a nivel nacional.
“La finalidad es que el ciudadano pueda advertir de forma inmediata la probable comisión de un hecho delictivo. El fiscal toma conocimiento de ese hecho y adopta las acciones persecutorias correspondientes. La idea es monitorear de forma inmediata en el lugar de los hechos, apenas se nos ponga en conocimiento de una situación”, puntualizó.
Delitos electorales
Respecto a las infracciones penales en procesos electorales, Barrenechea informó que, durante la primera vuelta del 12 de abril, la suplantación de identidad fue el delito más frecuente, con 27 detenidos reportados. En total, se registraron 49 personas detenidas a nivel nacional en esa jornada, lo que representa una reducción del 25 % en comparación con procesos anteriores.
Además, indicó que se reportaron casos de incumplimiento de la ley seca, destrucción de material electoral y la detención de un funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por el delito de omisión, demora o rehusamiento de actos funcionales.
