En una reciente entrevista, el abogado de la empresa Galaga, Cristian Castillo, rechazó las acusaciones de incumplimiento contractual respecto al retraso en la entrega de material para la jornada electoral.
Según el representante legal, la responsabilidad recae directamente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Castillo explicó que la logística de la empresa consiste en recoger el material que la ONPE dispone en sus locales para su traslado inmediato.
Sin embargo, detalló que, aunque los camiones destinados al material electoral (actas, ánforas y lapiceros) estaban listos y cargados, no podían partir debido a que el segundo vehículo de la flota, encargado de los equipos informáticos, no había sido abastecido a tiempo.
«Si nosotros no tenemos lo que está en el piso, no podemos salir. El retraso es de ONPE. Nosotros no teníamos qué trasladar(…) no tenemos ningún tipo de responsabilidad», manifestó el abogado, subrayando que la empresa cumplió con el contrato una vez que se dieron las condiciones materiales para iniciar la ruta.
Para respaldar su postura, la defensa mencionó un informe de la Contraloría General de la República. Según Castillo, el organismo detectó que personal de la ONPE reportó la falta de computadoras cuando los camiones ya se encontraban cerrados y listos para salir, lo que habría generado el cuello de botella logístico.
La empresa enfatizó que dispuso de dos unidades por centro de votación para garantizar el orden de los suministros, pero que la falta de coordinación interna del ente electoral impidió que las unidades salieran según el cronograma previsto.
