Tensión e indignación se vivió durante el Encuentro Regional de Comunidades Campesinas, realizado en el Teatro Municipal de Puno, luego de que las autoridades originarias de las 13 provincias de la región rechazaran de forma categórica la presencia del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.
Acusan engaño y omisión ante muertes
Los representantes de las comunidades quechuas, aymaras y urus denunciaron haber sido convocados con engaños, señalando que nunca se les informó que el funcionario nacional participaría del evento. “Nosotros no hemos invitado en ningún momento, las comunidades no han invitado en ningún momento. No es bienvenido”, sostuvo un representante.
Durante la ceremonia, los asistentes exigieron la salida inmediata de Gutiérrez, a quien acusaron de guardar silencio ante las muertes ocurridas en Juliaca, Ilave, Ayacucho y Macusani, en el contexto de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“¿Qué ha hecho por las víctimas?”, cuestionó una autoridad. “Este Congreso ya archivó el caso de la señora Dina. No pueden procesarlo. ¿Y la Defensoría? Nada”.
El intento del Defensor del Pueblo por inaugurar el evento fue interrumpido por gritos de “¡asesino!” y “¡que se retire!”, lanzados desde el público, incluso mientras estaba presente la vicegobernadora regional, Katherine Franz.
En medio del acto, los asistentes entonaron el Himno Nacional y el Himno de Puno como forma de protesta para silenciar cualquier intervención oficial. La escena reflejó el profundo malestar de las comunidades frente al rol pasivo que, aseguran, ha mantenido la Defensoría del Pueblo frente a las violaciones de derechos humanos registradas desde enero de 2023.
Denuncian intento de legitimación
Las autoridades originarias sostuvieron que la presencia de Josué Gutiérrez responde a un intento de “legitimación y populismo” ante la opinión pública, pese a que —afirman— no se ha pronunciado en defensa de los derechos vulnerados ni sobre otros temas urgentes como la contaminación ambiental en el sur andino.
La jornada cerró con la firme postura de las comunidades: rechazo total al representante de la Defensoría y el compromiso de seguir exigiendo justicia por los caídos del 9 de enero y otros episodios de violencia estatal.