Dante Martínez Palacios, dirigente y especialista técnico en el seguimiento de los contratos y trabajo de la minera Cerro Verde, concluyó, luego de evaluar los ocho contratos entre Sedapar y Cerro Verde, sobre el uso del agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que las autoridades y dirigentes han sido comprados porque no se entiende como avalan estos documentos que perjudican a la ciudad de Arequipa.
Explicó que desde el inicio (2008) hubo una “concertación organizada” por parte de las autoridades y dirigentes denominados por entonces “cargadores” de la gestión de Juan Manuel Guillén por el cual se desechó el proyecto de Pampas Estrella por 55 millones de dólares que terminó por trasladarse a la actual zona de La Enlozada (terminó costando 1800 millones), un terreno “que adjudicó Juan Manuel Guillén con la emisión de un acuerdo regional que lo declaró de necesidad pública”, ahí se inició todo este “fraude”, como él lo llama.
Martínez asegura que el presupuesto utilizado por Cerro Verde para la construcción del PTAR y que tenía que ser descontado del Impuesto a la renta de la minera, ya ha sido cancelado. “Hasta el 2016 la minera ya se había descontado 1350 millones, según sus propios reportes”, afirmó.
Señala también que debido a las diferentes normas emitidas el 2016 y reglamentadas en el 2017, Sedapar sí puede cobrar un costo de agua industrial a Cerro Verde de tal manera que haciendo proyecciones basadas en sus cifras, la empresa prestadora tendría más dinero de la que requiere para su mantenimiento si administra la PTAR.