El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos presentado por la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte.
A través de este recurso, la mandataria buscaba anular las diligencias fiscales realizadas en el marco del caso Rolex.
El abogado de la jefa de Estado, Eduardo Barriga, alegaba una presunta vulneración a los derechos de su clienta a ejercer una adecuada defensa y a la igualdad de partes. Asimismo, solicitó un apercibimiento contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, argumentando que el Ministerio Público no había permitido su participación en las diligencias de extracción de información de fuente abierta, que incluye información pública de medios de comunicación.
Durante una audiencia virtual realizada el pasado 21 de mayo, el letrado demandó la nulidad de las actuaciones realizadas por los fiscales Karina Llatance Mendoza y Walter Arnaldo Giles Paucar, quienes incorporaron al expediente del caso material periodístico a través de 14 actas fiscales sobre extracción de información de fuente abierta o pública, sin la participación de la defensa legal.
Sin embargo, en la resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley, se determinó la carencia de sustento tanto fáctico y jurídico de los argumentos presentados y señaló que no hubo vulneración de derechos durante la investigación preliminar.
