Un informe de Amnistía Internacional concluyó que la presidenta Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata de graves violaciones de derechos humanas ocurridas durante las protestas registradas en los primeros meses de su gobierno.
El documento titulado '¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú', revela que la jefa de Estado mantuvo una coordinación constante con altos mandos policiales y militares en los períodos de mayor represión, sin emitir órdenes para detenerla.
Según Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional, "(Boluarte) sabía lo que estaba pasando y el no haber hecho nada podría llevar a responsabilidades penales".
Como se recuerda, la mandataria, en declaraciones ante la Fiscalía, negó haber tenido contacto con la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), sin embargo, este testimonio es desmentido por el informe.
"La presidenta no solamente mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en los que un número de personas resultaron heridas o muertas en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones", señala la publicación.
Alberto Otárola, quien se desempeñó como ministro de Defensa y posteriormente como presidente del Consejo de Ministros, también fue mencionado por Amnistía Internacional por su papel decisivo en estas operaciones, al elogiar públicamente el accionar de la PNP y las FF.AA. a pesar de las consecuencias fatales.
"Amnistía Internacional analizó el papel protagonista de Alberto Otárola, quien fungió primero como ministro de Defensa y posteriormente como presidente del Consejo de Ministros, en todo momento tomando un rol público prominente y calificando a la policía y las fuerzas armadas como “héroes” a pesar de que sus operaciones diarias resultaban en múltiples muertes y personas heridas en varias partes del país", indica.
Además, el informe critica el discurso estigmatizante del Ejecutivo contra los manifestantes, tachándolos de terroristas sin pruebas. "La presidenta mantiene un discurso estigmatizante hasta la fecha de publicación de este informe, socavando la dignidad de las víctimas, que muchas veces provienen de entornos marginalizados y regiones con una mayoría de población Indígena y campesina", añade.
En respuesta a las revelaciones del informe, Amnistía Internacional recomienda al Ministerio Público y al Poder Judicial continuar investigando para determinar responsabilidades penales.
