El congresista Wilson Soto (Acción Popular) dio marcha atrás y retiró el polémico proyecto de ley que pretendía poner bajo control estatal la actividad de miles de creadores de contenido digital. La iniciativa, que desató un intenso rechazo en redes, proponía nada menos que exigir título profesional o certificación oficial a influencers, streamers y líderes de opinión que publiquen información sobre temas considerados “sensibles”.
El parlamentario aseguró que su decisión “no responde a presiones”, pero admitió que las reacciones de los últimos días dejaron claro que no era el mejor momento para avanzar con una propuesta que habría cambiado por completo el ecosistema digital del país.
El proyecto generó polémica porque, en la práctica, habría limitado quién puede hablar sobre salud, educación, seguridad, finanzas y hasta bienestar personal, obligando a los creadores a tener una acreditación formal para emitir opiniones o recomendaciones. Una medida que muchos interpretaron como un riesgo directo a la libertad de expresión y una puerta abierta a la censura.
Pese al retiro, Soto defendió con firmeza el espíritu de su iniciativa. Aseguró que en redes sociales existe una ola creciente de desinformación peligrosa, con casos de consejos médicos sin sustento, tratamientos dudosos, asesorías financieras arriesgadas y contenidos que ponen en riesgo la integridad de las personas.
“No podemos ignorar que quienes tienen millones de seguidores influyen en decisiones sensibles de las familias peruanas”, enfatizó.
Sin embargo, el retroceso del legislador abre ahora un debate mayor: ¿cómo combatir la desinformación sin caer en regulaciones que restrinjan la libertad digital de millones de peruanos?
Soto dijo esperar que este episodio marque el inicio de una discusión más seria sobre la responsabilidad de quienes manejan grandes audiencias, pero insistió en que la prioridad debe ser proteger a la población ante información dañina.
Por ahora, lo cierto es que el proyecto que pretendía regular, limitar y exigir credenciales a los creadores de contenido quedó fuera del Congreso.
