El Gobierno declaró en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Sistema Nacional Penitenciario por un periodo de dos años, a fin de abordar la grave crisis que afecta a los penales del país.
La medida fue oficializada mediante Decreto Supremo N° 014-2024-JUS, en la que justifica que buscan enfrentar la sobrepoblación carcelaria y la deficiente infraestructura de los centros penitenciarios.
La norma detalla que el Sistema Penitenciario Nacional, a agosto de 2024, alberga a 98 mil 127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41 mil 556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136%.
“Los avances no han sido los esperados pese a los esfuerzos realizados y que un número considerable de personas procesadas se encuentran en los establecimientos penitenciarios, contribuyendo significativamente a los niveles de hacinamiento actuales”
Se detalla además que la situación crítica se agrava, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, solo el 50.2% de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios.
Con la declaratoria se pretende implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030 para la resocialización de las personas privadas de libertad y para optimizar la prestación de servicios.
