El juez supremo de investigación preparatoria del Poder Judicial, Hugo Núñez Julca declaró procedente pasar a juicio oral contra los excongresistas Kenji Fujimori Higuchi, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Bocángel Weydert; así como el exasesor Alexei Toledo Vallejos; por los presuntos hechos irregulares investigados en el caso "compra de votos".

En la acusación, la Fiscalía solicitó que se imponga 12 años de cárcel y 183 meses de inhabilitación para ejercer en el cargo público contra Fujimori Higuchi, Bocángel y Toledo. Mientras que para Ramírez solicitó 11 años de cárcel y 172 meses de inhabilitación en cargo público.

También solicitó que Fujimori y Bocángel abonen una multa de S/ 130,000.00; mientras que Ramírez S/ 117,000.00; y Toledo S/ 82,500.00.

Como se recuerda, en junio del 2018, la fiscal suprema Bersabeth Revilla acusó a Fujimori, Ramírez, Bocángel y Toledo por los delitos contra la administración pública en las modalidades de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado.

Según la tesis de la Fiscalía, los imputados habrían ofrecido a otros exparlamentarios presupuestos para obras en su región a cambio de votar en contra de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Todo ello había quedado registrado en diversos videos que fueron grabados por el entonces congresista Moisés Mamani.

Durante las sesiones de control de la acusación, el fiscal adjunto Alcides Chinchay, sustentó la acusación fiscal en la que se fundamentan las presuntas reuniones ilícitas de parte de Kenji Fujimori, a fin de que no prospere la vacancia contra PPK en diciembre del 2017.

El interés de Kenji Fujimori habría sido que PPK se muestre a favor del indulto humanitario de su padre, Alberto Fujimori, como sucedió el 24 de diciembre del 2017.

En su versión ante la Fiscalía, Fujimori Higuchi indicó que los diálogos de los videos se vinculan a conversaciones sobre obras y mejoras para las regiones que son trámites que realizan todos los congresistas.

Bocángel, por su lado, dijo ante la fiscalía que solo trataba de apoyar a Mamani a fin de que este pueda realizar coordinaciones con el Ejecutivo.

Ramírez indicó ante la Fiscalía que las coordinaciones se enmarcan dentro de las funciones congresales que les asistían.

Todos estos hechos han sido debatidos y rebatidos en diversas audiencias realizadas ante el juez Núñez Julca, quien declaró saneada la acusación fiscal y dispuso elevar el expediente a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para que proceda a realizar el juicio oral.

“Declarar competente para conocer el juicio oral a la Sala Pernal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República disponiendo que todo lo actuado sea remitido al colegiado de fallo antes mencionado”, ordenó el juez en su resolución.

Será dicho tribunal supremo el que fije fecha y hora para el inicio del juicio oral contra los excongresistas de la República. La decisión ha sido notificada a las partes constituidas en el proceso como la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios y los abogados de los imputados.

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