La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, presentó un proyecto que ley que establece sanciones entre 6 y 13 años de cárcel efectivos a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que incurran en actos de corrupción dentro de los penales a nivel nacional.

Para ello, la iniciativa legislativa propone modificar los artículos 395-A y 395-B del Código Penal, Decreto Legislativo 635, referidos a cohecho pasivo propio e impropio.

"La corrupción en los centros penitenciarios a nivel nacional se encuentra institucionalizada, su explicación, según el Tribunal Constitucional, se observa en dos escenarios: en la situación de poder que tiene el personal penitenciario frente a la población penitenciaria y en la relación que podría existir entre la precariedad ética del personal y el poder económico de un sector de la población penitenciaria, afectando derechos fundamentales y el imperio de la ley", señala.

La parlamentaria agregó que su iniciativa se plantea "a fin de otorgar de eficacia a los operativos en los establecimientos penitenciarios, en tanto riesgo latente de actividades ilícitas, manteniendo el orden y disciplina al interior de las instituciones penitenciarias, y a razón de evitar perjuicios a los bienes jurídicos tutelados de terceros".

Las penas a imponerse al personal del Inpe serían en los siguientes considerandos:

- El que acepte o recibe donativo, promesa o cualquier otro beneficio para sí o para otro, para realizar u omitir un acto de violación de sus obligaciones penitenciarias, tendrá pena de cárcel efectiva, entre seis y 11 años e inhabilitación.

- El que solicite directa o indirectamente, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, tendrá pena de cárcel efectiva entre siete y 11 años e inhabilitación.

- El que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, tendrá una pena privativa de libertad entre nueve y 13 años e inhabilitación. 

-El que acepte o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, tendrá una pena privativa de libertad entre cinco y ocho años, e inhabilitación.

- El que solicita directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, tendrá una pena entre seis y nueve años e inhabilitación.

En este sentido, Yarrow refirió que considera "oportuno y necesario" que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) apruebe un Código de Ética para el servidor penitenciario, a efectos de promover la educación ética y la prevención de conductas disfuncionales que puedan favorecer la concreción de actos de corrupción.

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