Contraloría encuentra perjuicio económico de más de S/ 2 millones en intercambio vial de Arequipa

Municipalidad Provincial de Arequipa recepcionó obra a pesar que presentaba hundimiento de pavimento.
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La Contraloría General identificó un perjuicio económico de 2 millones 601 mil 667.95 soles. Esto como consecuencia de irregularidades en la ejecución y recepción de la obra de mejoramiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa en el intercambio vial de la interconexión de las avenidas La Salud - Los Incas y Dolores.

Cinco funcionarios de la anterior gestión municipal, tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa, según el informe de auditoría que evaluó el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

Faltas

Asimismo, se revela dos ampliaciones por 28 días y una suspensión de plazo por 15 días al contratista cuando no correspondían. Además, no se aplicó ninguna penalidad por incumplimiento del plazo contractual por S/ 1 694 109.36, evadiendo las normas de contrataciones del Estado.

Cabe resaltar que la obra se entregó sin subsanar observaciones relacionada a curvas y pendientes de entrada y salida del viaducto, ocasionando rotura de alcantarillas y daño del pavimento, lo que acelera el deterioro de la vía. A la fecha la entidad no realizó ninguna acción para superar la contingencia.

El Procurador Público Municipal señala,  que suscribió una conciliación extrajudicial con autorización del alcalde, reconociendo nueva fecha de culminación programada de obra a favor de la contratista, limitando que se aplique una penalidad por S/ 907 558.59 y aceptando trabajos que formaron parte de la recepción de la obra.

Costos de la obra

La obra de mejoramiento del intercambio vial fue adjudicada mediante el contrato del 13 de octubre de 2016 por un monto de S/ 27 524 947.55 y un plazo de ejecución de 240 días calendario. Sin embargo, se inició el 15 de noviembre de 2016 y concluyó el 31 de octubre de 2017, con un costo final de S/ 27 952 804.47.

La Procuraduría Pública deberá dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos.

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