Han pasado casi tres años desde que la desgracia cayó sobre la provincia de Caylloma, y los pobladores aun no pueden vivir tranquilos, pues sus casas están destruidas. El sismo de 5.2 grados de magnitud, que un 14 de agosto del 2016 destruyó 1150 viviendas y arrebató la vida de 4 pobladores, aun no se ha borrado. Son más de 349 viviendas que se quedaron entre escombros y lucen como si el tiempo se hubiera congelado en la calamidad.

La semana pasada, el alcalde de la provincia engloriada por el Wititi, Rómulo Tinta Cáceres, sostuvo una reunión con el gobierno central para pedir la aprobación de una ley que agilice la trasferencia de dinero para la reconstrucción de la provincia. Sin embargo, esta recién se evaluará en 15 días y será sustentada por los congresistas, Alejandra Aramayo y Gustavo Rondón. A esto se agrega el proceso de licitación para evaluar que empresas o instituciones serán las encargadas de hacer la “reconstrucción”. Las viviendas han sido divididas en tres modelos: arquitectónicas, rurales y urbanas.

A decir de la consejera regional por Caylloma, Tatiana Casillas, urge la participación del Fondo Mi Vivienda para que el proceso se agilice. “Aún no se ha cumplido con la entrega de las viviendas, hay problemas de zonificación (división de la región en función a determinadas características), y los alcaldes han reportado que muchas casa están igual”, manifestó.

Los distritos más afectados en el movimiento sísmico fueron: Cabanaconde, Huambo, Madrigal, Lari, Ichupampa, Coporaque, Tuti y Tapay, Chivay, Yanque, Achoma.

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