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Alcaldesa desconoce informe de Defensoría y busca nuevo depósito de carros

Oficina defensorial presentó informe cuestionando a las grúas.
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La Alcaldesa de Arequipa, Lilia Pauca Vela, mostró su desconocimiento del Informe entregado por la Defensoría del Pueblo sobre la ilegalidad de la intervención policial,  funcionamiento de  grúas y  depósito municipal donde se internan a vehículos que son levantados de  zonas prohibidas para el estacionamiento de carros, recomendando suspender este servicio hasta que se regule el mismo.

Esto en virtud a sus últimas declaraciones dadas en el marco del homenaje al Poeta Mariano Melgar donde manifestó, que tras el problema surgido con la Beneficencia Pública, que solicitó la devolución de los terrenos ubicados en la avenida Independencia que servía como depósito municipal de carros, están en estos momentos, en la búsqueda de otro ambiente.

La Alcaldesa Lilia Pauca reconoció tener una responsabilidad administrativa, por ello, dijo que se viene  realizando una investigación para conocer cuáles son los documentos que faltan para regularizar el contrato con las grúas y el procedimiento de la Policía de Tránsito para levantar los vehículos que se encuentran estacionados en zonas prohibidas. Tenemos al Gerente Municipal y al Gerente de transporte que vienen trabajando en este tema junto a una comisión,  afirmó.

Mostrando su desconocimiento de los 30 días de plazo otorgado por la Defensoría del Pueblo, para aprobar una ordenanza que regule el contrato de grúas, funcionamiento legal de un depósito municipal de vehículos y el convenio con la Policía de Tránsito, la autoridad edil  concluyó que por el momento, se está buscando un terreno que sirva para el depósito municipal,  cuando se encuentre, se reiniciará con el trabajo de las grúas aunque dijo se hará una vez que se tenga toda la documentación en regla.

Hay que indicar que el doctor Ángel María Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo, presentó  un informe donde cuestiona este servicio de la municipalidad Provincial porque no tiene la legalidad correspondiente afectando la economía y seguridad de los vehículos. Igualmente cuestiona el trabajo de las grúas y el procedimiento de la Policía de Tránsito dándosele a la municipalidad un plazo de 30 días para regularizar este “servicio” y a la Policía de Tránsito para que presente el protocolo de intervención que se comprometieron enviar.

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