El portavoz de la bancada de Unión Por el Perú (UPP), José Vega, anunció que su agrupación está analizando recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que impide a sentenciados en primera instancia a postular a cargos públicos.

La mencionada norma fue ratificada el pasado 11 de setiembre con 11 votos a favor, y tendrá efecto a partir de las elecciones generales del 2021. Entre los congresistas que se opusieron figuran los integrantes de UPP, José Vega, Javier Mendoza, María Bartolo y Rubén Ramos -los tres últimos votaron en abstención-.

“Saben muy bien los constitucionalistas, el propio presidente (Martín Vizcarra), que le gusta tanto recurrir al TC, y también las demás fuerzas políticas que esto es inconstitucional. No pueden con una sentencia en primera instancia mutilar los derechos fundamentales de las personas, tienen que pasar por las demás instancias”, expresó Vega.

Para el especialista Omar Cairo, no obstante, la ley que impide a sentenciados en primera instancia a postular o ejercer cargos públicos no es inconstitucional porque la norma solo restringe el derecho, el mismo que será restituido si revocan la condena.

“Considero que no es inconstitucional. Es una ley que restringe el ejercicio de las personas, y eso ocurre con todos los derechos. Una persona que es sentenciada en primera instancia en un juicio penal se le presume inocente, pero la ley permite que se le prive de la libertad. Entonces, no quiere decir que la ley le está cancelando, se le está restringiendo, de tal manera que si la sentencia se revoca más adelante, esta persona será liberada”, sostuvo el constitucionalista.

A su vez, José Vega insiste que la medida es una “farsa” para combatir la corrupción y, por tanto, un equipo de abogados está evaluando la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la referida norma. “Además, se está viendo la liberación de Antauro Humala, porque superó el tercio de la pena y también su habilitación para postular a la presidencia”, acotó.

José Vega es parte de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional. Consultado si habría un posible conflicto de interés, el parlamentario negó esto y añadió que “cualquier ciudadano puede presentar la demanda de inconstitucionalidad, no necesariamente alguien de UPP”

No obstante, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución, solamente están facultados de presentar una demanda de inconstitucionalidad el jefe de Estado, la fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo o el 25% del número legal de congresistas.

Vega Antonio aclaró que no conversó con otras bancadas para apoyar la eventual demanda de inconstitucionalidad. “Para UPP está claro: se debe cambiar la Constitución, retirar al Perú del Pacto San José y restablecer la pena de muerte", concluyó.

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