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Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para deshacinar penales

El primer ministro, Vicente Zeballos, y el titular de Justicia, Fernando Castañeda, sustentaron el pedido para poder emitir normas que ayuden a deshacinar los centros de reclusión
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El pleno del Congreso aprobó en la madrugada de este sábado delegar las facultades al Ejecutivo para que pueda legislar en materia penal y penitenciaria con el fin de establecer medidas para el deshacinamiento de los penales por razones de contagio del COVID-19.

La decisión se tomó en primera votación por 92 votos a favor, 32 abstenciones y 5 votos en contra, tras un debate que duró más de tres horas, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, sustentaran el proyecto del Ejecutivo que solicita que se le otorgue facultades para emitir normas que permitan atender la crisis de hacinamiendo en los centros penitenciarios a nivel nacional.

Zeballos y Castañeda acudieron al Parlamento ante un pedido cursado horas antes por la Junta de Portavoces del Legislativo. Las convocatorias a los ministros vinieron de la mano de la exoneración del trámite de comisiones de la iniciativa del Gobierno.

En su intervención, el ministro Zeballos sostuvo que el INPE tiene 68 establecimientos penitenciarios con capacidad para 39 mil internos pero dijo que actualmente hay 97 mil internos. “Eso es hacinamiento y eso significa desorden , caos y anarquía”, manifestó tras señalar que agradecía al Congreso por haber puesto rápidamente en debate el proyecto de pedido de facultades.

Recordó que en un primer pedido de facultades, el Congreso le otorgó las mismas pero no en todos los ejes temáticos que se solicitó. Añadió que luego se interpuso una iniciativa legislativa que no fue considerada y ahora nuevamente se hacía una petición de facultades.

Agregó que no se trata de una simple propuesta para que haya menos presos, sino de una propuesta “impregnada de criterios técnicos, jurídicos y sociales que permitirá corregir graves falencias que nuestro sistema penitenciario ha arrastrado por décadas".

A su turno, el ministro Castañeda expresó que se ha tomado varias medidas para minimizar el impacto del COVID-19 en los penales y se han adoptado algunas normas para acelerar la salida de aquellos internos que cumplen penas por incumplimiento familiar, pero que eso no basta para deshacinar los establecimientos penales.

Dijo que se busca regular un marco jurídico sobre delitos menos lesivos para que algunos de los procesados y condenados por esos ilícitos puedan dejar las cárceles. Precisó que no será el Ejecutivo el que hará las excarcelaciones, sino el Poder Judicial bajo ese marco jurídico. También pidió que se restablezca que el Poder Judicial pueda revisar de oficio las prisiones preventivas teniendo en cuenta el actual contexto del coronavirus.

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