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Citan a ministro del Interior y a fiscal de la Nación tras el fallecimiento de dos jóvenes en protestas

La Comisión de Justicia del Congreso solicitó, además, la presencia del defensor del Pueblo para conversar lo que ocurrió durante las manifestaciones en contra de Manuel Merino.
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La Comisión de Justicia del Congreso citó al ministro del Interior, Ismael Vargas, a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, para abordar este 23 de noviembre las acciones que se tomaron durante las protestas contra el régimen de Manuel Merino, lo que terminó en decenas de jóvenes heridos y dos fallecidos.

A través de un oficio, el grupo de trabajo parlamentario presidido por Leslye Lazo invitó al titular del Ministerio del Interior a participar, con el carácter de urgencia, a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con el propósito de informar sobre las acciones adoptadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la marcha nacional que se realizó desde el pasado 10 de noviembre.

Sumado a ello, solicitan información sobre los policías heridos y el plan operativo para el control de disturbios que se diseñó para estas manifestaciones. Además, piden material fílmico y fotografías de la cámaras de videovigilancia en las zonas donde hubo enfrentamiento de mayor incidencia.

“De igual manera la relación de los desaparecidos, las personas que reportaron o denunciaron dichas desapariciones, si aparecieron y bajo qué circunstancias, el registro del armamento y municiones que utiliza la PNP para reprimir este tipo de manifestaciones y las utilizadas durante la marcha, y, finalmente, la lista completa de los agentes participantes en las acciones, por tumos y fechas, así como los nombres de los jefes operativos”, se lee en el documento.

Del mismo modo, esta comisión envió un oficio dirigido a la titular del Ministerio Público, en el que solicitan su presencia en la mencionada sesión, con el propósito de que informe sobre las acciones adoptadas por la Fiscalía frente a la afectación de los derechos fundamentales de las personas que participaron en las protestas.

 

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