El Gobierno del Perú estableció medidas ante la posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato de seis años, al cual considera ilegítimo. Entre estas está el impedimento de entrada al país del presidente de Venezuela y un centenar de funcionarios de su régimen.

La Cancillería informó a través de un comunicado que "al iniciarse en Venezuela el ilegítimo período presidencial de Nicolás Maduro y en concordancia con la Declaración del Grupo de Lima del 4 de enero pasado, se ha dispuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a éste".

Además confirma que se ha realizado coordinaciones con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para dar cumplimiento a las medidas económico-financieras establecidas en la citada Declaración. 

"Entre ellas, para reforzar la debida diligencia, compartir la lista de miembros del régimen de Nicolás Maduro y personas naturales y jurídicas relacionadas a éste, y sus futuras actualizaciones, con todos los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)", precisa el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también confirmó que las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas.

"El Gobierno del Perú ratifica su pleno respaldo a la Asamblea Nacional elegida libre y democráticamente en diciembre de 2015. Reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrá resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país", finaliza.

Nicolás Maduro juramentó este jueves como presidente de Venezuela para un segundo periodo de seis años (2019-2029). Su reelección fue cuestionada y calificada como ilegítima por Estados Unidos, varios países de Latinoamérca y de la Unión Europea. 

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