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Colombia: hasta 8 años de prisión afrontan 41 personas que violaron la cuarentena

Un operativo policial intervino una celebración clandestina durante la cuarentena por el coronavirus.
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A pesar de las indicaciones brindadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia para prevenir la expansión del coronavirus, un grupo de jóvenes decidió realizar una fiesta clandestina, la cual fue intervenida por agentes policiales. Los efectivos arrestaron a 41 personas, quienes afrontan hasta 8 años de prisión.

La información fue confirmada por el Juzgado 72 de control de garantías de Bogotá. Fue la entidad capitalina la encargada de oficializar la imputación a 23 hombres y 18 mujeres —algunos de los cuales son menores de edad— que la noche del lunes 21 de abril participaron de una fiesta ilegal.

Según testigos y denunciantes, la fiesta no habría empezado el lunes, sino que sería una extensión de días anteriores, algunas versiones apuntan al viernes 17 del mismo mes, por lo que aún se desconoce si la cantidad de arrestados corresponde al total de asistentes a la celebración.

La fiesta se realizó en una casa hotel ubicada en Usaquén, en la zona norte de Bogotá, y que servía de posada para los turistas que visitaban la capital colombiana y que, al verse sin huéspedes, organizó la fiesta.

Según las autoridades locales, el establecimiento no contaba con todos sus documentos en regla, lo cual agrava el delito de violación de la cuarentena impuesta por el gobierno de Iván Duque.

Durante la intervención, la policía halló botellas de licor, cocaína y marihuana, las cuales eran ofrecidas a los menores de edad arrestados, constituyendo un delito más en la investigación.

El caso ha indignado a la opinión pública del país, más aún tratándose de una localidad como Usaquén, la segunda con más casos confirmados de coronavirus en el país, solo detrás de Suba, la más poblada de la capital.

Previo al traslado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), lugar donde se encuentran los detenidos a las espera de un juicio, los intervenidos fueron sometidos a un chequeo médico previo para descartar que alguno sea portador de la COVID-19 y disemine el virus entre los demás arrestados.

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